España cede tras años de bloqueo y paga por primera vez una indemnización millonaria por el recorte a las renovables

España ha tenido que pagar por primera vez una indemnización millonaria a un inversor internacional afectado por los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados por el Gobierno de Zapatero y sobre todo por el de Mariano Rajoy. Tras años retrasando y sorteando los pagos, el Gobierno da por agotadas todas las vías legales y ha tenido que ejecutar el abono de un laudo internacional en lo que supone un punto de inflexión en la gran batalla legal de la última década por el hachazo a las primas que recibían las plantas renovables.

El Ejecutivo ha pagado ahora íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. El grupo nipón había revendido la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo Blasket Renewable Investment, que controla la mayoría de los laudos contra España que siguen en marcha. Gobierno y Blasket han pactado el abono de una compensación de 32 millones de euros. La condena original contra España era de 23,5 millones, a los que se han sumado intereses de demora millonarios acumulados durante los años de impago, según confirman fuentes cercanas al fondo estadounidense.

El Gobierno había tenido que consignar el año pasado en Bélgica el importe del laudo de JCG, tras un embargo temporal de los derechos de cobro de España relativos a Eurocontrol y que se levantó tras la actuación de las autoridades españolas. España, tras obtener el permiso explícito de la Comisión Europea, ha negociado con Blasket para poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor del caso y se ha resuelto mediante el pago de la cuantía depositada en Bélgica de 32 millones de euros. El laudo podría haber abierto la puerta al embargo de bienes del Reino de España el extranjero, pero el acuerdo alcanzado ahora entre las partes evita ese escenario y pone fin a la disputa.

La Comisión Europea ha concedido a España una ‘bala de plata’ para evitar pagar indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas por el hachazo a las ayudas a las renovables, pero sólo en el caso de que las compañías sean de alguno de los países de la Unión Europea. Bruselas ha decidido eximir a España de abonar las compensaciones pendientes por laudos arbitrales porque se considerarían ayudas de estado ilegales a las empresas beneficiarias si son de alguno de los estados . Pero España no ha encontrado vías legales para seguir evitando el pago de las indemnizaciones en el caso de que las compañías energéticas denunciantes sean de fuera de la UE.

El Gobierno prepara una ofensiva legal contra las renovables que revenden a fondos buitre sus pleitos contra España

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se subraya que el número de arbitrajes por renovables promovidos por inversores de estados no de la UE contra España sólo representan un 5% del total. El Gobierno reconoce que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea, los pleitos de inversores no comunitarios no tienen cabida en el derecho de la UE, así que pagar las indemnizaciones no supone una ayuda de estado ilegal.

“España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE”, apuntan fuentes ministeriales, que subrayan que España ya ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, con reclamaciones de 10.635 millones, y que seguirá defendiendo los intereses nacionales en los tribunales.

Los inversores en renovables afectados por los recortes y los fondos oportunistas que dirigen ahora la mayoría de los pleitos avisan de que la pugna continúa. El pago de este laudo representa un “precedente importante para el resto de acreedores”, apuntan fuentes próximas al fondo Blasket, que subraya que se sigue buscando un acuerdo con España, pero sigue preparando nuevas medidas para la ejecución de sentencias firmes ante tribunales de terceros países. En este sentido, la justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya ha autorizado distintas medidas orientadas a proteger a los afectados, como el embargo cautelar de activos del Reino de España.

"Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España. Aplaudimos esta decisión del gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados.Tal desenlace es inevitable”, explica el abogado Matthew D. McGill, socio del despacho Gibson Dunn que ha llevado el caso originalmente abierto por el grupo japonés. “Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras”.