Page se une a las comunidades del PP y recurre ante el Constitucional el reparto de menores migrantes del Gobierno

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, el único presidente autonómico del PSOE que gobierna con mayoría absoluta y el dirigente de peso más crítico con Pedro Sánchez dentro del partido, ha llevado este martes al Tribunal Constitucional (TC) el reparto entre comunidades de menores migrantes no acompañados aprobado recientemente por el Gobierno central. Con este movimiento, Page sigue la estela de los territorios del PP que ya habían dado este paso ante el alto tribunal, como Aragón, Cantabria, Extremadura y Madrid. Pero en el entorno del dirigente castellano-manchego subrayan que su decisión no está relacionada con lo que haga el partido de Alberto Núñez Feijóo. "No nos sumamos a nadie. Si sumos muchas veces autónomos respecto al PSOE, mucho más respecto al PP", explican estas fuentes.

El Gobierno central, mientras tanto, deja claro que los recursos ante el TC no implica que estas autonomías vayan a quedar automáticamente eximidas de acoger a este vulnerable colectivo, cuya llegada en los últimos tiempos ha colocado a Canarias y Ceuta en una situación límite. “Esto es una ley que ya no tiene marcha atrás. Hay que acatarla. Aunque estén yendo al Tribunal Constitucional, tendrán que cumplirla. Yo lamento que hablando de derechos humanos, de personas vulnerables, tengamos que hacerlo así”, dijo el lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La Conferencia de Presidentes agranda la brecha entre Sánchez y Page con un choque de agendas políticas

La decisión del Ejecutivo castellano-manchego, aunque ya anunciada, supone ahondar aún más en la brecha que separa a García-Page de Sánchez, después de que el barón socialista se volviera a unir al PP en la última conferencia de presidentes, celebrada el pasado viernes en Barcelona, y se opusiera a la propuesta de resolución planteada por el jefe del Ejecutivo para triplicar la inversión en vivienda entre 2026 y 2030. 

"No nos dan nada"

“Las autonomías necesitan recursos para asumir la tutela de menores. Este decreto, además de sin diálogo con las comunidades autónomas, viene sin compensación económica. Quiero dejarlo muy claro: este Gobierno comparte que la solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños, pero acoger no es solo abrir la puerta, es ofrecer condiciones dignas. Para eso, hace falta financiación”, ha señalado este lunes en Toledo Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras haber recibido el visto bueno del consejo consultivo de la autonomía, que considera que el decreto aprobado a mediados de marzo por el Ejecutivo central, y convalidado por el Congreso un mes más tarde, incluye un “flagrante quebranto del principio de coordinación” entre el Estado y las comunidades. 

“Castilla-La Mancha no recibe ni un euro para atender a esos más de 500 niños. Y eso tiene un coste. Son 26,6 millones de euros solo la parte de bienestar social, sumando además educación, sanidad… Y no nos dan nada”, ha insistido Padilla.