Una generación condenada por la vivienda

Mi querido y irado Toño García publicaba días atrás un artículo en este periódico en el que, con datos exhaustivos, exponía la situación a la que se enfrentan los jóvenes españoles en la actualidad para poder acceder a una vivienda. Los datos son demoledores, más si pensamos que el derecho al a la vivienda está consagrado en el artículo 47 de la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». El derecho está claro y los responsables de que se cumpla también.

La condena surge del choque entre realidad y ley por dos razones. La primera, porque la permanencia de los jóvenes en casa de los padres se prolonga en el tiempo y nuestros niños son ahora hombres y mujeres con formación y con trabajo, con su propio estilo de vida y su pensamiento autónomo y crítico, pero que no abandonan el hogar familiar por la vivienda.

Cuando un país, por muy social y democrático de Derecho que lo defina su Constitución, obliga a sus ciudadanos más jóvenes, que son los que habrán de seguir construyéndolo, a hipotecar hasta sus sentimientos más íntimos por el coste del a la vivienda es un país descompuesto, indigno de llamarse social, democrático y mucho menos de bienestar

Con independencia de que los padres y madres queramos a nuestros hijos y con independencia de que la convivencia con ellos, ahora individuos ya maduros, sea aceptable, la realidad es que se genera una toxicidad en la medida en que, por un lado, las personas, nuestros hijos, para desarrollarse plenamente deben gobernar su vida y enfrentarse a ella como mejor les parezca, sin más ataduras que las que ellos se generen que para eso, como todos, solo tienen una vida. Por otro lado, no es sano que su permanencia en la casa familiar no esté determinada solo por lazos afectivos, sino porque no queda más remedio. Los hijos deben volar del nido y lo deben hacer para poder ser ellos mismos en todos los aspectos de su vida. Pero no pueden y de ahí la condena.

La segunda es que las dificultades para independizarse en una vivienda pueden afectar directamente a su vida sentimental y con esto poca broma. Las condiciones de a una vivienda en propiedad o en alquiler se suavizan si están emparejados. Es una obviedad, pero debajo puede anidar la más triste de las condenas.

La ligazón sentimental solo ha de estar sujeta por el amor, atracción y respeto por la persona con la que se comparten intimidades. Todo a la vez. Sin embargo, los costes de la hipoteca o del alquiler enturbian el asunto al incorporar la necesidad económica hasta poder hipotecar la vida, que no se paga en euros. Nuestros hijos y nietos, esos que un día fueron nuestros pequeños y ahora son personas adultas, maduras, formadas y trabajadoras pueden tener que soportar a quien un día amaron, pero ya no, porque los sentimientos dan muchas vueltas, ya que solos no pueden mantener su casa.

Cuando un país, por muy social y democrático de Derecho que lo defina su Constitución, obliga a sus ciudadanos más jóvenes, que son los que habrán de seguir construyéndolo, a hipotecar hasta sus sentimientos más íntimos por el coste del a la vivienda es un país descompuesto, indigno de llamarse social, democrático y mucho menos de bienestar. Y los responsables los identifica con claridad el artículo 47 de la Constitución, a quienes más valdría que los jóvenes y sus ascendientes exigiésemos su obligación y abandonásemos la resignación.n

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