Pena de prisión para un matrimonio de Plasencia por no tirar una casa en Santa Bárbara

Un matrimonio de Plasencia podría ir cuatro meses a prisión por no haber derribado una construcción que planificaron «con la ilusión de irnos a vivir allí y no estar siempre de alquiler» y comenzaron a levantar en suelo no urbanizable en la sierra de Santa Bárbara. Así lo ha fijado en sentencia firme la Audiencia Provincial de Cáceres. Ahora, su abogado trabaja contrarreloj para pedir la suspensión de la pena y evitarles la cárcel. Este miércoles ha señalado que ya lo ha hecho y confía en que la pena "se deje sin efecto".

Según ha explicado, el propietario de la construcción, Carlos Palomero, que trabaja como cerrajero, tenía esta semana de plazo para acudir a los juzgados de Plasencia para que le notificaran cuándo tendrían que entrar en prisión él y su mujer. Todos esperan que finalmente no tengan que hacerlo y se acepte la suspensión de la pena. Palomero ha acudido este miércoles y les dan 10 días para ingresar voluntariamente en prisión y tres para solicitar la suspensión.

Uno de los motivos fundamentales que esgrimen para pedirla es que el matrimonio tiene hijas y nietas a su cargo, que quedarían «en situación de vulnerabilidad» porque dependen de sus ingresos.

«Tenemos una hija menor y otra mayor de edad que es madre soltera y tiene dos hijas y tampoco trabaja», explica Palomero.

No puede pagar el derribo

Pero además, aunque es cierto que no ha derribado completamente la construcción, sí ha comenzado a hacerlo. Afirma que ha derribado un tercio «a mano» porque contratar a una empresa para que la tirara completamente «me supone 8.000 euros o más y no dispongo de ese capital».

Lo que ha sucedido es que se le pasó el plazo para ejecutar el derribo sin que el juzgado hubiera recibido ninguna documentación, ni imágenes ni siquiera de ese derribo parcial. Aunque no tienen antecedentes, explica que "la pena de cárcel iba aparejada a derribar la vivienda", explica.

Palomero explica que comenzó a construir la vivienda en terrenos de su suegro en el año 2007. «Sabíamos que no era legal, pero nos dijeron que se podría regularizar». De hecho, él es uno de los vecinos incluidos en el proceso de regularización que ya se está tramitando en el ayuntamiento y la Junta de Extremadura y actualmente está pendiente del informe ambiental favorable.

Señala que, «según iba teniendo dinero, la iba construyendo». Cinco años después, en el 2012, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil le denunció por la construcción ilegal y asegura que, desde entonces, «no he vuelto a tocar nada». De hecho, no tiene ni tejado.

Por la vía penal

Palomero apunta que no fue el único denunciado de la zona, pero en algunos casos, la denuncia fue por la vía istrativa y en el suyo, por la vía penal. No entiende el motivo, pero lo cierto es que algunos de los casos istrativos han terminado con una sanción económica para los propietarios y otros los han ganado, mientras que en el suyo, «nos pusieron una sanción y pena de prisión si no derribábamos».

Culpa a los abogados que ha tenido anteriormente de no haber cumplido el plazo para el derribo y dice que se enteró de que se le había pasado «cuando me llamaron del juzgado».

Ahora, mientras su actual abogado intenta que no tengan que ir a la cárcel, afirma nervioso que le parece una pena «injusta y desmesurada, por intentar cumplir un sueño». También echa en falta que el ayuntamiento hubiera actuado como responsable civil subsidiario derribando la casa y pasándole la factura, «me lo habrían embargado del sueldo y ya está. Confío en que esto se pueda parar», afirma.

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