"Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Choque de trenes entre el poder legislativo y el judicial después del auto que sienta a las puertas del banquillo al fiscal general, Álvaro García Ortiz. El Gobierno ha subido el tono y deslizado prevaricación en la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de dar por concluida la instrucción y proponer juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la “presunción de inocencia” del Fiscal General del Estado, como hicieron desde Moncloa tras conocerse el auto, pero fue un paso más allá para poner en duda el auto del juez Hurtado porque “no hay ninguna prueba directa que determine que filtrara nada”.
Aun subrayando la “honestidad y buen trabajo de la mayoría de jueces y fiscales”, cargó contra la “evidencia” de que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Desde el Gobierno ponen en duda también que no se tuviesen en cuenta los testimonios de los periodistas que negaron haber recibido una filtración por parte del Fiscal General del Estado para insistir en su “presunción de inocencia”. “Máxime en este caso”, subrayó la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros llamando la atención sobre la supuesta falta de pruebas para sustentar el auto de procesamiento.
