El Gobierno mantiene su "respaldo absoluto" al fiscal general tras su procesamiento por revelar datos del novio de Ayuso

El Gobierno no varía su respaldo a Álvaro García Ortiz y mantiene su confianza plena para que continúe al frente de la Fiscalía General del Estado pese a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado. El juez ha dado por terminada la instrucción de la causa que seguía contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito, el magistrado afirma que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" se produjo un "frenético intercambio" de mensajes entre ambos "con la finalidad de ganar el relato" de que el pacto de conformidad partía de la defensa del empresario Alberto González Amador y no del ministerio público.

El Supremo propone juzgar al fiscal general por revelar datos del novio de Ayuso por "indicaciones de Presidencia del Gobierno"

Desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez insisten en que "mantenemos respaldo, absolutamente", según apunta a El PERIÓDICO fuentes desde La Moncloa. Ese respaldo, amplían dichas fuentes, es tanto al fiscal como "a su trabajo". En su primera valoración pública, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños,  ha remarcado que “mantenemos por completo la confianza en el Fiscal General del Estado y la Fiscalía en su conjunto” para contraponer que entre “defraudadores confesos y la Fiscalía que persigue el delito” el Gobierno está con estos últimos.  

Al tiempo, en el Gobierno confían en el proceso judicial y en que "la verdad se abrirá camino en este caso". Una confianza que argumentan en que haya "luz sobre las pruebas y no sobre los relatos" de este caso "paradigmático". Para ello, Bolaños ha remarcado que cabe recurso de apelación para vaticinar que, "sin duda, prevalecerá la verdad".

Esta decisión del magistrado era "previsible" para el Ejecutivo, por lo que esta actuación les genera "cero sorpresa". Es más, al contrario, la celebran porque -dicen- "por fin se abre un procedimiento y se analizarán las pruebas y se constatará que, en efecto, no hay nada". De hecho, preguntado por la prensa si se dejará de respaldar a García-Ortiz en caso de que se confirme el auto de procesamiento, Bolaños ha respondido tajante que "en ningún caso". El titular de Justicia ha defendido al fiscal general como un "servidor público ejemplar" para insistir en que "cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo sus funciones".

En todo momento de este proceso el Gobierno ha mantenido su respaldo a García Ortiz y negado cualquier indicación desde La Moncloa al fiscal general. El ministro de Presidencia y Justicia lo ha rechazado "rotunda y categóricamente”, para acto seguido cargar contra el juez por este extremo. "Lamento mucho que haga una afirmación tan grave porque esto no sucedió nunca", replicó.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido un paso más allá para deslizar intencionalidad política detrás del auto de Hurtado y agitar la denominada 'guerra sucia judicial'. "La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal", arremetió.

En medio de la tormenta por este caso, el Gobierno llevó hace menos de un mes en primera vuelta al Consejo de Ministros la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dota de mayor autonomía a la figura del fiscal general. La propuesta, dirigida a "potenciar la imparcialidad del Ministerio Público", según reza la exposición de motivos, incluye disociar la duración del mandato del fiscal general del Estado y la del Gobierno, así como consolidar las causas tasadas para su cese.

El mandato del Fiscal General del Estado tendría así una duración de cinco años a contar desde el día siguiente a la fecha de su toma de posesión. Antes de que concluya su mandato, el Fiscal General del Estado únicamente podrá cesar a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo y por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Para esto último, deberá contar con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial, sin que el Gobierno cuente con discrecionalidad para cesarlo.  

Sumar cierra filas

Desde el socio minoritario de la coalición mantuvieron también su respaldo a García Ortiz. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, se mostró extremadamente crítica con la decisión del Supremo de procesar al fiscal general. "Nos parece muy inquietante y muy preocupante", defendió en rueda de prensa, al considerar que lo que hizo el jefe de la Fiscalía fue "defender esa institución de los bulos y de las mentiras del entorno de la presidenta Ayuso". En este sentido, la dirigente de Movimiento Sumar criticó que el procesamiento "manda un mensaje muy peligroso si lo que termina imputado es la lucha contra el fraude y la lucha por la verdad frente a los bulos". "Da un mensaje de impunidad a quien vive de mentir y degradar nuestras instituciones". En este punto, Hernández apuntó a que, con la decisión del Supremo, "lo que se intenta tapar es la presunta corrupción del entorno de la señora Díaz Ayuso", informa Ana Cabanillas.