Extremadura cierra 2023 entre la decepción y la esperanza

La comunidad de Extremadura se dispone a cerrar 2023 y lo hace entre la decepción y la esperanza. La decepción por el retraso de algunos proyectos vitales, como la puesta en marcha de la alta velocidad real en el tren hacia Madrid y el alejamiento en el horizonte de la recuperación de la Ruta de la Plata en materia ferroviaria. En estos últimos días del año también se han evidenciado demoras en iniciativas largamente acariciadas, sobre todo, en la provincia de Cáceres, como el CCGreen, un ecopolígono destinado a albergar empresas de alta tecnología que debería haberse iniciado, según los planes iniciales, en el año que acaba. Las últimas noticias apuntan a, como mínimo, un retraso, debido a su exclusión en los planes de Red Eléctrica, lo que impediría el asentamiento de negocios que exigieran una determinada potencia energética.

Lo paradójico es que esto suceda en una comunidad que centra en la energía una de sus principales bazas de crecimiento, y que es excedentaria en la producción a través de renovables, hasta cinco veces más que el consumo potencial. Los empresarios cacereños ya han expresado su preocupación por la repercusión que pueda tener en la atracción de inversiones que esperan suelo industrial en condiciones. La provincia corre el riesgo de quedarse atrás en lo que se presenta como “gran revolución” capaz de impulsar su economía más allá del turismo, sin que este deje de representar uno de los pilares del futuro, sobre todo, el de la ciudad, aspirante a ser Capital Cultural Europea en 2031.

En el resto de la provincia se atisba mejor esa revolución de la que hablan los empresarios de la patronal cacereña. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la gigafactoría de baterías eléctricas para coche en Navalmoral que, a cambio, ha contado con el apoyo del Ministerio de Industria con la aprobación de ayudas que, entre subvenciones y créditos, suman 200 millones de euros. En Trujillo cobra ritmo la futura fábrica de diamantes, a pesar de acarrear también cierta polémica entre los vecinos. Se trata de proyectos que instituciones y empresarios consideran también estratégicos para evitar que, en una España que avanza a distintas velocidades cuando se trata del futuro económico, no se acreciente la brecha dentro de la propia Extremadura, con Badajoz como punta de lanza, frente a una Cáceres más condicionada en su expansión industrial y lastrada en comunicaciones. La falta de conexión en la Raya portuguesa, a causa de la falta de un puente, el de Cedillo, cuyo coste, nueve millones de euros, una inversión modesta si tenemos en cuenta los proyectos faraónicos de miles de millones que se desembolsan en otros territorios, responde ya a una cuestión de justicia social. La falta de ese puente obliga a que la circulación por carretera se convierta en una odisea con un rodeo de 120 kilómetros, dos horas en automóvil. El viaducto reduciría el recorrido a los 13 kilómetros sobre el río Sever en otros tantos minutos. Si existe intención de aplicar políticas efectivas en la lucha demográfica llevando los pueblos al siglo XXI, el puente de Cedillo podría servir de ejemplo.

Extremadura no puede pararse. Justo esta semana el Consejo General de Economistas de España daba a conocer el informe sobre competitividad de las distintas autonomías españolas. La mejora en parámetros tan significativos como la tecnología o el empleo no ha impedido que la comunidad extremeña se sitúe en la cola del conjunto de España. La acción conjunta y transversal de agentes sociales y istraciones resulta, por tanto, trascendental para revertir el proceso que incide directamente en el problema de la despoblación que atenaza, sobre todo, al ámbito rural.

Junto a las sombras de este final de año hay luces que hacen pensar en que esa acción transversal que requiere el entendimiento de todos los agentes implicados es posible. Lo lleva demostrando varios años la Diputación de Cáceres, donde PSOE y PP ejemplifican lo que debe entenderse como lealtad institucional, al aprobar por unanimidad unos presupuestos que tienen como finalidad el obligado servicio público que prestan las instituciones.

Y por ese mismo camino cabría interpretarse la firma, esta semana que acaba, de la Declaración Institucional por el Diálogo Social por parte de la Junta de Extremadura, los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CREEX. Un documento sobre el que se asentarán las políticas de creación de empleo y de protección de los derechos básicos que prestan atención a problemas detectados como la falta de mano de obra cualificada, a través de la mejora de la Formación Profesional y FP Dual, o la discriminación de la mujer, la más perjudicada por el desempleo en Extremadura. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla un documento que el Gobierno regional considera piedra angular y no mero gesto simbólico. Lo deseable es que ese espíritu de entendimiento se extienda a todos los ámbitos. Es lo que los extremeños aguardan para poder afrontar el año próximo con esperanza.

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