¿Pseudouniversidades privadas o legislar para mejorar la educación superior en Extremadura?

Con la creación en 1973 de la Universidad de Extremadura (UEx) se marcaba un hito en esta región, marginada del progreso económico y social y, también, en el ámbito educativo. En Extremadura había una minoría con una alta capacidad económica que tenía la posibilidad de mandar a su descendencia a las universidades de otras partes del país. Sin embargo, una amplísima mayoría de familias trabajadoras a duras penas podía permitirse ni siquiera adquirir unos libros. La cuenta bancaria y no el talento era lo que determinaba el destino de los jóvenes. A partir de los años 80 todo cambió, con un impulso y transformación de las enseñanzas universitarias y su apertura a las clases trabajadoras, por lo cual la universidad se constituyó en el ascensor social para la construcción de un futuro mejor a todas las personas. Muchos tuvimos la suerte de formarnos en una universidad pública gracias a la igualdad de oportunidades que se nos ofreció, estudiando junto a personas de diversos entornos sociales. Así, por ejemplo, en mi caso, los dos hijos de un albañil y de una ama de casa pudieron ser ingenieros y su hija profesora, esto es, los primeros universitarios de la familia.

Pero la universidad pública no solo ha sido el lugar donde se ha impartido una docencia de calidad, formando a los mejores profesionales de este país, sino también ha sido origen de la mayor parte de la investigación y desarrollo científico y tecnológico, fuente de progreso. Sin embargo, todo ello puede estar en peligro por las derivas de las políticas reaccionarias en algunas comunidades autónomas. La senda seguida en Madrid y en Andalucía puede repetirse en Extremadura. El gobierno autonómico madrileño ha recortado desde 2016 alrededor de un 30% de la financiación a las universidades públicas y el andaluz lo ha congelado en los últimos 6 años. Sus estrategias son de manual: recortan recursos para debilitar su servicio y, tras el deterioro de las instituciones por la escasez de medios aportados, presentan (de forma falaz) la privatización como la única alternativa. En este entorno se les facilita el paso a las pseudouniversidades privadas, es decir, centros en los que prevalece la economía sobre la calidad docente y la investigación. Y aquí se tiene otra falacia que se pretende transmitir: la universidad pública tiene “miedo” de la competencia de la privada. Solo por indicar un dato objetivo, de las 50 universidades públicas y 41 privadas españolas, 36, incluida la UEx, están dentro del ranking de Shanghái, siendo solo 1 (Universidad de Navarra) privada.

A las universidades públicas se les evalúa constantemente y la gran mayoría supera con éxito las exigencias de calidad. No se puede decir lo mismo de muchas de las privadas. Y estas nuevas propuestas que la derecha quiere implementar en Extremadura adolecen de múltiples deficiencias. Considerando solo lo que se indica en el informe de la CGPU sobre la UNINDE, entre otras cuestiones, no se acreditan las garantías financieras, el modelo académico tiene múltiples lagunas, solo presenta un conjunto de intenciones relativas al proyecto investigador y los espacios a usar no son idóneos ni están garantizados

Las universidades privadas pueden ser un buen complemento de las públicas cuando cumplen con los requisitos de calidad (Real Decreto 640/2021, de 21 de julio). La normativa estatal, obligatoria para todo tipo de instituciones universitarias, debe avalarse mediante el informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). Sin embargo, si bien este informe es preceptivo, no es vinculante, lo cual ha sido aprovechado por varias comunidades autónomas con gobiernos del PP para dar el visto bueno a diversas universidades privadas, aún a costa de contar con dicho informe desfavorable. En Extremadura, la primera iniciativa privada, Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE), ha contado igualmente con un informe desfavorable. Parece que estamos ante otra pseudouniversidad en la que se cuestiona el rigor académico y la escasa posibilidad investigadora. No se pueden establecer dos varas de medir para determinar lo que es o no una universidad. A las universidades públicas se les evalúa constantemente y la gran mayoría supera con éxito las exigencias de calidad. No se puede decir lo mismo de muchas de las privadas. Y estas nuevas propuestas que la derecha quiere implementar en Extremadura adolecen de múltiples deficiencias. Considerando solo lo que se indica en el informe de la CGPU sobre la UNINDE, entre otras cuestiones, no se acreditan las garantías financieras, el modelo académico tiene múltiples lagunas, solo presenta un conjunto de intenciones relativas al proyecto investigador y los espacios a usar no son idóneos ni están garantizados. Además, el dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura indica que no se justifica la necesidad y la oportunidad de esta universidad privada en la región. ¿En qué se basará entonces el gobierno regional extremeño para, posiblemente, dar el visto bueno a esta iniciativa pseudouniversitaria?

Mientras que la Junta de Extremadura ha mostrado una gran velocidad en lo referente a las propuestas de universidades privadas en la región, no se da la misma prisa en desarrollar la LOSU. Las decisiones (o no decisiones) que se tomen en la actualidad marcarán el rumbo de la enseñanza superior en Extremadura y, por ende, el destino de la juventud extremeña

Más que incidir en la obsesión privatizadora de la educación superior, el gobierno regional extremeño debería aprobar una ley autonómica que tenga en cuenta la normativa nacional (Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, y Real Decreto 640/2021) y, como en otras comunidades autónomas, crear un organismo (¿Conferencia Extremeña de Política Universitaria?) que pueda emitir informes sobre las propuestas actuales de universidades y las que puedan venir. La inexistencia de la normativa propia, responsabilidad exclusiva del gobierno extremeño, y la financiación deficiente de la UEx están dando lugar a problemas notables en, por ejemplo, la contratación de personal docente. Mientras que la Junta de Extremadura ha mostrado una gran velocidad en lo referente a las propuestas de universidades privadas en la región, no se da la misma prisa en desarrollar la LOSU. Las decisiones (o no decisiones) que se tomen en la actualidad marcarán el rumbo de la enseñanza superior en Extremadura y, por ende, el destino de la juventud extremeña.

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